Reproduzco esta interesante carta, al menos a mi me lo parece, leída en " El Semanal Digital ", titulada "Falta de reacción de los castellanohablantes", firmada por María Marco (19 de octubre de 2005)
" En cualquier país o sociedad con dos lenguas oficiales habladas por el mismo número de personas, lo normal sería que las dos lenguas se enseñaran en las escuelas en la misma proporción. Desgraciadamente no es el caso de Cataluña, donde tenemos que aguantar que la Consejera de Educación, Marta Cid (ERC), haya declarado su gran preocupación porque se dan "sólo" 6 veces más clases en catalán que en castellano y anuncie un decreto para que, en vez de 6, sean 10 veces más. Pero el problema no es sólo la evidente actitud discriminatoria de ERC contra la lengua española, sino sobretodo la escasa reacción de la comunidad castellanohablante de Cataluña para defender sus derechos como haría cualquier otra comunidad lingüística del mundo. ¿Cuándo vamos por fin a reaccionar y defender sin absurdos complejos lo que es nuestro frente a estos políticos? "
Empezaré por añadir algunas consideraciones personales a las argumentaciones expuestas en la carta:
1) La manifiesta situación de inferioridad en que se halla el castellano frente al catalán en el sector oficial, especialmente en el ámbito de la Enseñanza, relegado a espacios mínimos, no obedece a ERC. Es el producto de más de veinte años de una continuada acción por parte de los que gobernaron en la Comunidad,es decir, los de CiU, con la unánime colaboración y ayuda de toda la clase política, instituciones y agentes diversos de la sociedad civil.
2) El nuevo proyecto de estatuto respecto al catalán sólo recogerá por escrito, dándole fuerza de ley lo que ya ha sido práctica habitual. Yo considero que el grado de imposición actual del uso del catalán en las relaciones oficiales entre administración pública y administrados es difícil de superar.
3) Escasa puede ser la reacción de los muchos cuya lengua materna es el castellano porque nula - cero- es la ayuda de, en primer lugar, la administración pública central; es decir, del gobierno de España. Que ha permitido y permite, a sabiendas de lo que pasaba y pasa, quebrantar los derechos fundamentales de buena parte de sus administrados. Los sucesivos gobiernos, socialista y popular, han mirado a otro lado en el tema lingüístico. Muestra de ello son las leyes aprobadas en el Parlament catalán por unanimidad entre todas las fuerzas políticas allí representadas. Se les ha dejado hacer y pasar.(*)
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(*)8 de enero 2011. Y el gobierno central de la Nación continúa , desafortunadamente, con la tónica de siempre, de no hacer nada contra la negativa expresa de la Generalitat de acatar en materia lingüistica la sentencia del Tribunal Constitucional , y, tampoco, las tres del Supremo, dictadas el pasado año. Se dejará, imagino, como hasta ahora, que sea algun ciudadano, celoso de sus derechos, quien apele para lograr que la Generalitat acate dichas sentencias.Pero, para los otros continuará la vulneración flagrante de sus derechos sin que institución alguna de modo efectivo les ampare.
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