Me llama la atención que un estamento público actúe de oficio y hasta prometa que la Generalitat, el Gran Hermano de la Comunidad española en la que me ha tocado vivir, sancione a "los delicuentes" quitándoles lo que han obtenido contraviniendo tan nefastas como antinaturales leyes vigentes.
Estas gentes que, obligadas por unas leyes discriminatorias y puesto que sus recursos económicos no le permiten enviar a sus hijos a un colegio privado de élite, como, por ejemplo, el Liceo Francés al que iban los hijos de la Infanta Cristina o el Colegio Alemán, al que van los del Honorable President de la Generalitat, se exprimen el cerebro y afrotan increíbles riesgos tan solo por lograr una plaza para sus hijos en un colegio público o concertado, pero libremente escogido por ellos; resulta que han cometido fraude y la autoridad local lo investiga y ejemplarmente pide castigo.¿En ésto estriba la igualdad de oportunidades? ¡Qué contrastes! En lo del Palau, sin embargo, no he oido que autoridad ni institución alguna haya actuado de oficio, ni antes, ni tampoco luego. ¿Todos iguales?
Pero , analicemos el delito cometido por estos vecinos de la ciudad de L'Hospitalet : estas gentes dicen vivir donde no viven para aumentar las posibilidades de que sus hijos vayan al centro escolar que ellos piesan reunen las mejores condiciones para la educación y formación de sus hijos. Pues, ya se ve, aquí en esta España de mis amores, es un fraude de ley que la administración local persigue de oficio y además requiere de la instancia superior castigue a los infractores. Cuando los que realmente están atropellando son los que han instituído tan horrendas leyes y los que por activa y por pasiva consienten tal atropello.Y lo que entiendo debía ser titular de primera plana en todos los medios, ocupa un modesto lugar en la información y ni siquiera es objeto de enconados artículos de opinión. Nada, no pasa nada. ¡Qué país!
